El Fracaso De Tres Horquetas

En el país hay más de 20.000 niños, niñas y jóvenes que viven encerrados. Sólo el 15 por ciento ha cometido un delito; el resto está privado de su libertad como consecuencia de situaciones de carencias socio-económicas.

La institucionalización ha sido la respuesta generalizada que ha dado el Estado a los chicos abandonados, abusados o víctimas de otros delitos, según surge del primer relevamiento nacional sobre este tema que acaba de presentar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Unicef.

El estudio revela que el Chaco es una de las provincias donde el fenómeno muestra sus peores consecuencias, como sucede en las instituciones donde chicos con causas asistenciales comparten espacios con menores con causas penales. Es que a la cultura del encierro, de fuerte raigambre en Argentina, se suma la ausencia de políticas públicas para tratar el problema.

El establecimiento de Tres Horquetas, construido con una fuerte inversión, que lleva tres años funcionando pero no ha rehabilitado ni a uno de sus internos, bien podría ser un monumento al fracaso provincial en la materia.

Es casi un acto reflejo. Todo aquel que moleste será encerrado. Les pasó a los locos, a las prostitutas, a los revolucionarios, a los drogadictos, a los aborígenes, a los homosexuales. Y les sigue pasando hoy a los niños que tuvieron la desgracia de nacer en una familia pobre, violenta o disgregada.

No es de ahora. La antigua norma, conocida como ley de patronato de menores, vigente desde 1919, disponía que, ante el hecho de que una persona menor de 18 años se encontrara en peligro material o moral, se daría intervención al juez de la jurisdicción criminal y correccional.

En los últimos 90 años, la respuesta habitual de los jueces de menores fue la separación de los niños y niñas de sus familias, y su institucionalización. El resto es bien sabido: estas medidas, lejos de protegerlos, constituyeron el camino hacia la carrera delictiva.

"Los institutos y reformatorios, además de violar los derechos de los niños y niñas internos, han sido verdaderas escuelas del delito", advierte el informe de Unicef.

Según este documento, el Chaco tiene 323 chicos que viven en una institución bajo un régimen cerrado o semicerrado. Aunque —dicen— la resistencia de las autoridades para entregar información y la informalidad con que se tratan algunos casos hacen suponer que serían al menos un 40 por ciento más de chicos en esta situación.

En total son dieciocho instituciones las que se dedican a alojar a menores que fueron separados de sus familias, once están en Resistencia, siete en el interior; trece de ellas son instituciones de la sociedad civil, con orientación religiosa, que reciben un subsidio estatal.

Más o menos, todas tienen un cupo de 30 internos y se manejan con programas y equipos de trabajo que varían según el gusto y la creencia de su director. Los religiosos en general cuentan con más recursos y disponen de talleres de trabajo fundamentados en los efectos de la laborterapia y las promesas de una salida laboral.

Son también más estrictos en sus reglas de convivencia y para solucionar problemas existenciales recurren a las plegarias antes que a la asistencia psicológica, a la que muchas veces se oponen. Vale decir que penitencias y palizas no son exclusividad de ninguna; y se dan o no según la personalidad y los controles del director.

Un ejemplo de buen funcionamiento es el Pequeño Hogar 1, más conocido como Casa Cuna, reestructurado íntegramente después del escándalo de 2000, cuando se comprobó que las celadoras golpeaban a los niños mientras los directores malversaban su presupuesto.

Hoy la institución funciona con un equipo interdisciplinario que trabaja en el fortalecimiento de la autoestima de los niños.

Reciben atención médica constante, concurren a jardines de infantes y escuelas externas como cualquier hijo de vecino. Tienen talleres recreativos, van al cine, al teatro; y los fines de semana los pasan en casas de familias sustitutas, a las que —ante la necesidad— sienten como propia.

"Los chicos están bien —dice una de las psicólogas que los asisten—; lo único que les falta es amor. Y seguramente se les da mucho amor, pero en un lugar donde las personas rotan, como en cualquier institución que funciona las 24 horas, es difícil que puedan apropiarse de una figura que les sirva de referente, que les dé seguridad. Eso es lo que no tienen: la sensación de sentir el amor incondicional de la casa, de los padres".

Por eso, hasta en los mejores institutos la experiencia es nefasta. El director de Minoridad y Familia del Chaco, Adolfo González, reconoce que "el paso por una institución deja secuelas irreversibles".

"No podemos generalizar, por la dignidad de aquellos chicos que pudieron superar situaciones de violencia y abandono de sus hogares y que luego se abrieron camino con todas las carencias que tienen dentro de la institución. Tenemos chicos con discapacidad física que están siguiendo carreras universitarias y son hombres de bien", dice González; aunque insiste: "La institucionalización no es la manera adecuada de recuperar a un niño en situación de riesgo".

El objetivo del informe de Unicef es acabar con las internaciones; y su argumento es contundente: "Entre el 50 y el 60 por ciento de los presos juveniles pasó antes por un instituto de menores".

"El encierro tiene consecuencias severas en el desarrollo psíquico y físico de un niño. Son chicos que tienen problemas de integración y crecen estigmatizados", aseguran. Y es que si nuestra propia vida no tiene valor, difícilmente tendrá valor la de los demás.

Con todo esto pretende terminar la ley nacional de protección integral de la infancia, sancionada en septiembre y reglamentada en abril, que prohíbe el encierro de menores de 18 años por causas asistenciales. Un avance, sin dudas; aunque para que se aplique la nueva ley es necesario que cada provincia adecue sus normas y elabore programas sociales y de fortalecimiento familiar.

En el Chaco, por ejemplo, sigue vigente el estatuto del menor, y en sus diferencias con la ley nacional deja un cono de sombra en el que están trabajando pediatras, psicólogos, pedagogos y abogados, tratando de definir las nuevas políticas públicas.

Por ejemplo: todo niño menor de seis años deberá vivir con una familia, sea propia, ampliada o sustituta. Sobre esta pauta se deberán diseñar los nuevos programas.

El director de Minoridad y Familia pide tiempo. "No se puede pretender cambios de la noche a la mañana. En Italia el proceso llevó quince años", cuenta González, confiado en que lentamente irán desapareciendo las instituciones.

Igualmente, para desarmar este modelo, no sólo cuentan los patrones culturales y las estructuras mentales, sino también intereses económicos que pueden quedar afectados por la desaparición de los institutos y los subsidios que reciben aquellas instituciones de la sociedad civil que cobran para mantener allí a los chicos.

Fuentes oficiales dijeron que se pagan entre 800 y 1500 pesos por niño. Y aquí el proceso no sólo reclama un sinceramiento ético, sino también económico.

La pregunta se impone: ¿qué pasará con todos aquellos que hicieron del encierro infantil su modus vivendi?

Fuente: Chaqueña.